El Consejo de Ministros aprueba por decreto el estado de alarma, que implica que los controladores están «movilizados». Si no acuden a sus trabajos, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal militar, que comporta penas de cárcel. Los militares presentes en los aeropuertos comunicarán a los controladores su nueva situación.
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